Desde el 11 de junio de 2025, Ecuador cuenta con una nueva Ley de Inteligencia que establece, por primera vez, un Sistema Nacional de Inteligencia compuesto por siete subsistemas: policial, militar, financiero, de la Casa Militar Presidencial, tributario, aduanero y penitenciario. Esta normativa, conformada por 58 artículos, busca centralizar la recolección y análisis de información estratégica para combatir el crimen organizado.
Un artículo bajo cuestionamiento
El artículo 51 ha generado controversia por obligar a las operadoras de telecomunicaciones a entregar información a organismos de inteligencia del Estado, siempre que exista una justificación legal. Esta obligación incluye acceso a datos en tiempo real e históricos sobre comunicaciones, ubicaciones y conexiones de los usuarios, con un alcance de hasta cinco años.
Aunque la ley contempla principios de confidencialidad, necesidad y proporcionalidad, expertos en seguridad digital consideran que estas garantías no son suficientes para prevenir abusos o violaciones a derechos fundamentales, como la privacidad de los ciudadanos.
La postura del Gobierno
El Gobierno ha defendido la normativa. El ministro del Interior asegura que los artículos 52 y 53 establecen límites claros al uso de esta información y prohíben su aplicación contra periodistas, religiosos u opositores políticos. Sin embargo, diversos analistas alertan que el nuevo sistema podría convertirse en una herramienta de control político y afectar la libertad de expresión.
Debate abierto sobre control y transparencia
El Sistema Nacional de Inteligencia, en su diseño, busca eficiencia operativa y respuesta coordinada frente al crimen organizado. No obstante, su implementación abre un debate nacional sobre la necesidad de controles independientes, transparencia y garantías que eviten un uso indebido de la información ciudadana.
Organizaciones de derechos digitales y sectores de la sociedad civil ya han pedido la revisión y delimitación del artículo 51, mientras que se espera que en las próximas semanas se presenten acciones legales para cuestionar su constitucionalidad.
