La Audiencia Nacional de España aprobó el 24 de junio de 2025 la extradición de William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Comandante Willy’, a Ecuador, donde enfrenta cargos por terrorismo. Sin embargo, la entrega está sujeta a condiciones específicas: el Estado ecuatoriano deberá garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal del detenido en el sistema penitenciario nacional en un plazo de tres meses.
Vínculos con el asalto a TC Televisión
Alias ‘Comandante Willy’, presunto líder de la organización criminal Los Tiguerones, fue capturado en octubre de 2024 en España, tras una alerta emitida por Interpol. En Ecuador, se lo acusa de haber participado en el asalto armado a TC Televisión en enero de 2024, cuando un grupo ingresó a las instalaciones durante una transmisión en vivo, colocó explosivos y amenazó al personal del canal. Por este hecho, el sospechoso tiene una orden vigente de prisión preventiva por delitos de terrorismo.
Condiciones de la extradición impuestas por España
Las autoridades españolas condicionaron la extradición a que Ecuador adopte medidas concretas para proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estas condiciones incluyen:
- Aplicación de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Normalización de condiciones en los centros penitenciarios del país.
- Supervisión del cumplimiento mediante organismos regionales especializados en derechos humanos.
De agente penitenciario a líder criminal
Antes de convertirse en figura clave del crimen organizado, William Alcívar fue agente penitenciario en la Penitenciaría del Litoral. Durante ese tiempo, se lo vinculó con la fuga de su hermano, alias ‘La Puya’, condenado por asesinato. Su conocimiento del sistema carcelario y sus contactos facilitaron su ascenso dentro de la organización criminal, convirtiéndolo en un actor estratégico dentro de la estructura de Los Tiguerones.
Contexto judicial y seguridad regional
La extradición de alias ‘Comandante Willy’ representa un hito en la cooperación judicial internacional y pone a prueba el compromiso del Estado ecuatoriano con los estándares internacionales de derechos humanos en el sistema penitenciario. El caso será seguido de cerca por organismos internacionales y se espera que las medidas exigidas por España sean implementadas con celeridad.
