El Decreto Ejecutivo 191, que reglamenta la Ley de Transparencia Social, ha generado preocupación entre organizaciones ambientales y sociales del país. La normativa establece que las organizaciones sin fines de lucro no podrán intervenir, directa ni indirectamente, en actividades que obstaculicen proyectos mineros legalmente autorizados, bajo sanción de suspensión de su personería jurídica por cuatro años.
Desde la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente (CEDENMA) se cuestiona que la medida pueda restringir la participación ciudadana y el control social sobre las actividades extractivas. Expertos coinciden en que, más que sancionar, el Estado debería promover el diálogo y fortalecer los mecanismos de consulta con las comunidades.
El Decreto 191 prohíbe que organizaciones sociales interfieran en proyectos mineros legales. Ambientalistas alertan que la norma podría limitar la participación ciudadana y el control social. pic.twitter.com/iruRlR7RuD
— Udla Channel (@UdlaChannelEc) October 29, 2025
