En unidades educativas del centro de Quito, como en muchas otras del país, docentes y familias conviven con un contexto marcado por la violencia y el riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales. El temor no se limita a las aulas: se extiende a los trayectos, los recreos y a los entornos comunitarios, donde bandas delictivas buscan captar a menores aprovechando la falta de control y la inseguridad.
Este escenario ocurre mientras las cifras nacionales confirman un aumento alarmante de la violencia contra menores. Según UNICEF, entre 2019 y 2024 los homicidios de niñas, niños y adolescentes crecieron 627,5 %, pasando de 79 casos en 2021 a 412 en 2024. Provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos concentran los mayores riesgos. Frente a esta realidad, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que reforma el COIP, endurece sanciones contra adultos que reclutan menores y plantea una respuesta articulada desde la prevención, la investigación penal y la protección de las víctimas.
Familias y docentes alertan sobre el riesgo de reclutamiento de menores por grupos criminales. Según UNICEF, los homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentaron 627,5 % entre 2019 y 2024. En este contexto, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que reforma el COIP para… pic.twitter.com/fRShiEubne
— Udla Channel (@UdlaChannelEc) January 21, 2026
