Este 26 de junio de 2023, la alianza “Claro que se puede”, que apoya la candidatura presidencial de Yaku Pérez, anunció que retira todo el respaldo a la candidatura del médico Tito Tómala, candidato a la Asamblea por la provincia de Santa Elena.
En el comunicado, la alianza dice que el médico ocultó que el Ministerio Público de Chile lo investiga por presunta mala práctica médica por la muerte de una mujer en medio de una cirugía estética que realizó en 2019.
“Ante la mínima presunción o sospecha de responsabilidad de una conducta delictiva por parte del Dr. Tomalá y en coherencia de nuestros principios de honestidad, de respecto a los derechos humanos y de las mujeres, desaprobamos y no apoyaremos en lo absoluto su candidatura para asambleísta en la provincia de Santa Elena” se afirma en el comunicado.
El domingo 25 de junio, Tomalá mencionó, y aseguró, que existe toda una campaña de “tergiversaciones e improperios de mala fe para mancillar su honra y buen nombre”. Pidió al pueblo ecuatoriano, y a la Península de Santa Elena, que juzguen sus acciones en las urnas y no la política tradicional que, según él, estaría detrás de estos ataques.
Sobre la muerte de la mujer chilena de 33 años declaró que “la medicina es una ciencia inexacta, de medios y resultados. Los profesionales de la salud, cuando tenemos en nuestras manos la vida de un paciente, ponemos a su servicio todos los medios tecnológicos y académicos a nuestro alcance para restituir la salud, pero en muchas ocasiones, no se obtienen los resultados adecuados”.
Por su parte, la alianza reconoce que, al estar inscrita la candidatura del Dr. Tomalá ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cabe ningún mecanismo de renuncia o impugnación de la misma, por ende desautorizan el uso de sus postulados de campaña, puesto que el articulo 108 del Código de la Democracia imposibilita legalmente la renuncia o impugnación ya inscritas en el CNE.
También, reconocen que si bien no existe aún formulación de cargos en contra de Tomalá es importante que las autoridades chilenas aceleren el proceso judicial para que se determine si existen responsabilidades civiles o penales en la muerte de la mujer.