El lunes 20 de enero, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión de la presidencia. Durante la ceremonia, presentó varias de las acciones que llevará a cabo durante su mandato, priorizando los decretos relacionados con la migración. Entre estos, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en la frontera sur de EE. UU., con el objetivo de iniciar la detención inmediata de migrantes que ingresen ilegalmente al país. Trump menciono que, aunque se desplegarán tropas en la zona, también habrá otros elementos del gobierno en todo el país para garantizar la seguridad.
El presidente electo también designó a los cárteles y organizaciones criminales como terroristas extranjeros. Un funcionario entrante de la Casa Blanca explicó que esta iniciativa llevará a la designación de grupos como el Tren de Aragua y MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permitiría su expulsión de EE. UU. bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Además, esta clasificación consideraría a estos grupos como “fuerza armada irregular del gobierno de Venezuela”, lo que implicaría una incursión depredadora e invasiva en territorio estadounidense.
Otro aspecto importante de la nueva administración es la reinstauración de la controvertida política de “Permanecer en México”, que obliga a los migrantes a esperar en México mientras se resuelven sus procedimientos de inmigración en EE. UU. Esta política, que requiere la aprobación del gobierno mexicano, ha sido objeto de fuertes debates y su implementación dependerá de la cooperación entre ambos países.
Trump firmó varios otros decretos, entre los que destacan la propuesta de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que tendría que ser aprobada a través de una enmienda constitucional o mediante una sentencia judicial. También ordenó suspender la reintegración de refugiados por al menos cuatro meses y dio instrucciones al fiscal general para que busque la pena de muerte en casos de asesinato de agentes de la ley y crímenes de alto riesgo cometidos por inmigrantes indocumentados.
Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes ya se han movilizado para interponer demandas, especialmente en relación con la orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este será, sin duda, un tema que desencadenará una prolongada batalla legal.
