Desde el 16 de junio de 2025, todas las compras realizadas bajo el régimen 4×4 en Ecuador deberán pagar un arancel fijo de 20 dólares por paquete. Las autoridades argumentan que esta medida busca proteger a la industria nacional, especialmente a los sectores textil y de calzado, que han registrado pérdidas de empleo significativas en el último año.
Contexto: caídas en empleo y competencia desleal
Datos oficiales señalan que, en 2024, el sector textil perdió el 16 % de sus empleos, mientras que el sector de calzado redujo su plantilla en un 11 %. Estos resultados han sido atribuidos, en parte, al ingreso masivo de productos importados de bajo costo a través del régimen 4×4, que permite compras internacionales de hasta USD 400 sin aranceles adicionales.
Producción nacional y externalización
Aunque el nuevo arancel se propone como una herramienta de defensa industrial, su aplicación deja ver tensiones estructurales. Algunas empresas ecuatorianas del sector, como Bia Razzyt, han optado por trasladar parte de su producción a países con menor costo laboral, reduciendo sus gastos operativos pero generando dudas sobre su compromiso con el empleo nacional.
En contraste, las maquilas que operan exclusivamente en Ecuador enfrentan mayores dificultades para sostener su competitividad, especialmente en un entorno donde los costos de producción locales son altos y la informalidad laboral sigue siendo un problema estructural.
¿Medida de equilibrio o decisión incompleta?
El nuevo arancel puede entenderse como una medida de protección para la industria, pero también abre un debate sobre la necesidad de políticas integrales que fomenten el desarrollo industrial. Sin incentivos a la innovación, modernización tecnológica y condiciones laborales competitivas, el arancel podría ser una solución parcial.
El impacto real de esta medida dependerá de la respuesta del sector privado y de la capacidad del Estado para implementar políticas complementarias que generen condiciones favorables para la producción y el empleo local sin perjudicar el acceso del consumidor a bienes accesibles.