La Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público que ha generado preocupación entre los empleados públicos. La modificación eleva la edad mínima para la jubilación voluntaria de 60 a 65 años y establece un nuevo sistema de evaluaciones de desempeño semestrales, que podrían derivar en despidos.
Ante estas medidas, miles de servidores públicos marcharon el 2 de julio en Quito para expresar su rechazo, argumentando que estas reformas vulneran sus derechos laborales. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que la ley no modifica la edad legal de jubilación y que los derechos seguirán siendo respetados, pero la incertidumbre y el temor persisten entre los trabajadores.
Expertos legales señalan que la reforma busca sostener el sistema de pensiones extendiendo el tiempo de aportes al IESS, aunque critican que obliga a los empleados a permanecer más tiempo en el sector público para acceder a beneficios. Además, alertan sobre la falta de claridad en los criterios de evaluación, lo que podría facilitar despidos arbitrarios y afectar la estabilidad laboral.
La #AsambleaNacional aprobó una reforma que eleva la edad de jubilación voluntaria y crea evaluaciones semestrales que podrían causar despidos. Miles de empleados públicos protestaron el 2 de julio en #Quito . La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, asegura que no cambia la edad… pic.twitter.com/OjioXIpQfS
— Udla Channel (@UdlaChannelEc) July 3, 2025
