viernes, mayo 2, 2025
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Docentes y empleados de la Universidad Agraria del Ecuador exigen la renuncia del cargo a la rectora del plantel

La mañana de este viernes 25 de abril, docentes y empleados de la Universidad Agraria del Ecuador continuaron con las protestas que iniciaron la semana pasada, en rechazo a lo que califican como una mala gestión por parte de la rectora de la institución, Tamara Borodulina. Los trabajadores exigen su renuncia.

Debido a esta situación, las clases han sido suspendidas durante toda la semana, aunque se espera que sean retomadas de manera virtual a partir del lunes 28 de abril.

Un grupo de docentes y trabajadores denunció irregularidades en los procesos de contratación de personal, señalando que se han realizado sin los concursos de méritos correspondientes. También criticaron que la rectora viajó a España por cinco días sin haber seguido el procedimiento adecuado, dejando a su asesor a cargo del rectorado.

Una de las denuncias más graves apunta a presuntos maltratos por parte del asesor de la rectora. Según los trabajadores, este los obliga a firmar contratos bajo amenazas de ser trasladados a otras sedes de la universidad, como Milagro (Guayas) o Palenque (Los Ríos), en caso de negarse.

La Procuraduría del Consejo de Educación Superior (CES) solicitó a la rectora la entrega de un informe técnico-jurídico respecto a las denuncias, con fecha límite del 21 de abril. Sin embargo, durante una sesión del pleno del CES transmitida en vivo el jueves 24 de abril, la Secretaría del Consejo informó que no se había recibido el informe, lo que constituye un incumplimiento de la disposición.

En una entrevista con Primicias el 22 de abril, Tamara Borodulina aseguró haber entregado el informe al CES y estar a la espera de una resolución por parte del organismo. También afirmó que no considera haber cometido ninguna ilegalidad. Posteriormente, el 24 de abril, mediante un comunicado dirigido al personal de la universidad, indicó que la exigencia de remoción de su cargo por parte de los docentes “no procede jurídicamente”.

Pese a ello, los docentes y el personal administrativo mantienen su postura y exigen la intervención inmediata del CES.

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