La audiencia de formulación de cargos en contra de 26 personas naturales y jurídicas, entre ellas Aquiles Álvarez y sus hermanos, por presunta comercialización ilegal de combustibles, ha sido diferida para el 6 de noviembre. La decisión fue tomada por el juez Jairo García, especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, tras conocer que algunos investigados cambiaron de abogado.
El magistrado explicó que no se podrá reinstalar la audiencia en los próximos días debido a un curso en Puerto Rico al que asistirá por dos semanas. Además, el puente de feriado del inicio de noviembre también afectó la programación de la diligencia.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que este esquema de comercialización ilegal causó un perjuicio de USD 94 millones al Estado. Según la asambleísta Lucía Jaramillo, vocera del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados, la compañía de los hermanos Álvarez, Copedesa Gasgrupo S.A., vendió 743,000 galones de combustible a una sola empresa, que luego expidió a cuatro instituciones con vehículos sin placas. Jaramillo indicó que un solo trabajador de esa empresa era propietario de 8,019 vehículos y que uno de ellos adquirió 117,000 galones de combustible.
