Este jueves 11 de abril, ciudadanos excluidos en distintos centros penitenciarios del país, que aún no cuentan con una condena en firme, fueron parte del proceso electoral anticipado en el marco de la segunda vuelta presidencial. La actividad fue organizada por el órgano electoral nacional como parte del cronograma previsto.
Las votaciones se llevaron a cabo con medidas especiales de control y vigilancia, y fueron supervisadas por delegaciones de observación tanto locales como extranjeras. Se habilitó la participación de más de 4.500 personas bajo esta condición legal.
Este mecanismo busca garantizar el ejercicio de los derechos políticos de quienes, pese a estar privados de libertad, aún no han sido sentenciados de manera definitiva. El proceso general culminará el domingo 13 de abril, cuando la ciudadanía se definirá al nuevo mandatario del país.
