La Fiscalía General del Estado ha registrado 5.895 casos de extorsión en Ecuador en lo que va del 2025. Frente a este panorama, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una normativa que permite a empresas privadas realizar donaciones de bienes para la seguridad pública a cambio de beneficios tributarios. Esta medida forma parte de un paquete legal y fiscal orientado a combatir el financiamiento de mafias, fortalecer a las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas más afectadas por la violencia.
La ley establece regímenes especiales en los ámbitos tributario y penal para desarticular las estructuras económicas del crimen organizado. Uno de sus artículos permite deducir hasta el 30% del impuesto a la renta por donaciones empresariales dirigidas a seguridad. Sin embargo, aún está pendiente un pronunciamiento oficial del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre el mecanismo de verificación de estos aportes. Expertos advierten que, si no se regula con transparencia, la medida podría generar riesgos en su aplicación.
Mientras tanto, las extorsiones —también conocidas como “vacunas”— continúan afectando a comerciantes y familias en distintas provincias del país. La efectividad de esta nueva ley dependerá de su implementación y del control institucional que se ejerza sobre los beneficios ofrecidos.
La Asamblea aprobó la #LeydeSolidaridadNacional que permite donaciones privadas para seguridad a cambio de beneficios tributarios. Expertos advierten que, sin control, podría facilitar lavado de activos. pic.twitter.com/uCtcapA3Wd
— Udla Channel (@UdlaChannelEc) June 12, 2025
