La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública el martes 24 de junio de 2025, con un marcado enfrentamiento entre oficialistas y opositores. De los 148 asambleístas presentes, 84 votaron a favor, 62 en contra y 2 se abstuvieron. La ley fue enviada por el presidente Daniel Noboa como una medida urgente en materia económica, siendo la segunda reforma importante aprobada en apenas 60 días.
El proyecto original sufrió cambios significativos durante su tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico, incluyendo modificaciones a más de 20 cuerpos legales vigentes. Entre las principales reformas destacan ajustes al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico Monetario y la Ley de la Función Legislativa. Además, se introdujeron medidas polémicas, como permitir que menores de edad sean juzgados como adultos en casos graves y declarar emergencia judicial para agilizar procesos.
La discusión en el Pleno estuvo marcada por tensiones entre el oficialismo y el correísmo. El asambleísta Andrés Castillo (ADN) presentó una moción para incluir reformas adicionales a última hora, como la expulsión de extranjeros que cometan delitos en Ecuador. Esta propuesta fue aprobada con 79 votos, lo que generó críticas del correísmo por violar la unidad de materia de una ley económica urgente. Luis Molina (RC) intentó apelar la presidencia de Niels Olsen (ADN), pero no obtuvo el respaldo necesario.
Durante el debate, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y líder de ADN, defendió la necesidad de la ley, calificándola como “inédita, necesaria y urgente”. Argumentó que las reformas buscan mejorar los servicios públicos y combatir la corrupción, destacando medidas como la declaración de emergencia judicial y la evaluación periódica de jueces y fiscales. Sin embargo, legisladores como Alfredo Serrano (PSC) criticaron aspectos específicos, como el endurecimiento de penas para menores y la falta de claridad sobre la emergencia judicial.
La Ley de Integridad Pública aborda varios frentes importantes:
- Reforma del Sistema Judicial : Se permite declarar emergencia judicial para agilizar procesos, aunque genera preocupación por la temporalidad y transparencia del mecanismo.
- Contratación Pública : Se moderniza el sistema de compras estatales mediante la creación de un Portal Único de Contratación Pública y un Registro Único de Proveedores (RUP).
- Gestión Pública : Se establecen estándares de eficiencia para servidores públicos, sancionando a quienes no cumplan con niveles mínimos de desempeño.
- Seguridad Nacional : Se fortalece la lucha contra grupos armados organizados, incluyendo la identificación de estas estructuras mediante inteligencia nacional.
- Menores y Justicia Juvenil : Se introduce la posibilidad de juzgar a menores como adultos en casos graves, especialmente si son reclutados por bandas criminales.
La aprobación de la ley ha generado diversas reacciones. Mientras algunos celebran las medidas anticorrupción y de modernización, otros expresan preocupaciones sobre sus implicaciones. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano (PSC) cuestiona el endurecimiento de penas para menores y la falta de claridad en la emergencia judicial.
