El pasado 11 de junio de 2025 entró en vigencia la nueva Ley de Inteligencia en Ecuador, con la cual el país contará por primera vez con un Sistema Nacional de Inteligencia estructurado en siete subsistemas: policial, militar, financiero, de la Casa Militar Presidencial, tributario, aduanero y penitenciario. La normativa, que tiene 58 artículos, busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante un sistema centralizado de recolección y análisis de información estratégica.
Sin embargo, uno de los artículos que ha generado mayor preocupación es el 51, que obliga a las operadoras de telecomunicaciones a entregar información a los organismos de inteligencia del Estado cuando haya justificación legal. Esto incluye datos históricos y en tiempo real sobre comunicaciones, ubicación y conexiones de los usuarios, con un límite de hasta cinco años. Aunque la ley establece principios de confidencialidad y proporcionalidad, expertos en seguridad advierten que estos no son suficientes para evitar abusos o vulneraciones al derecho a la privacidad.
Desde el Gobierno se defiende la ley. El ministro del Interior asegura que los artículos 52 y 53 regulan estrictamente el acceso a la información y que no se permitirá el uso de estos mecanismos contra periodistas, religiosos ni opositores. No obstante, especialistas sostienen que el sistema puede volverse un ente dominante sobre la generación y control de la información en el país, lo que podría abrir la puerta a un uso político de la inteligencia estatal.
