El partido Social Cristiano (PSC) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que se suspenda mediante una medida cautelar el decreto a la muerte cruzada que emitió el presidente Lasso el miércoles 17 de mayo de 2023, con el que se disolvió la Asamblea Nacional y se convoca a elecciones generales anticipadas.
En el comunicado presentado por el PSC se citan dos resoluciones de la Corte Constitucional. Una que responde al 9 de julio de 2019 y 10 de diciembre de 2021, en las que se establece que “la conmoción interna implica la real concurrencia de acontecimientos de tal intensidad contra el ejercicio de los derechos constitucionales que deben generar una considerable alarma social”.
“En lo político y en la práctica, el presidente se ha declarado dictador aunque sea por corto tiempo”, afirma el comunicado que firman Jaime Nebot, presidente vitalicio del PSC; Alfredo Serrano, presidente del partido; y Esteban Torres, coordinador de su bancada y elegido hace dos días como segundo vicepresidente del Legislativo. En el comunicado también se mencionan cuatro consecuencias políticas, económicas y sociales tras la decisión del primer mandatario.
- La Asamblea “disuelta” regresará mediante elecciones en aproximadamente seis meses, con igual o aun peor composición, salvo excepciones.
- El presidente será sustituido por otro en aproximadamente seis meses y hasta tanto actuará sin respaldo popular, sin capacidad de maniobra y sin facultades íntegras de gobernar, pues sus decisiones económicas tendrán que ser autorizadas por la Corte Constitucional.
- Nuevas elecciones inmediatas paralizarán del todo al país, tanto en lo público y lo privado como en lo económico y financiero, agravando el desempleo y los problemas sociales.
- En vez de actuar con razón y firmeza, el presidente y los que lo asesoran han actuado con miedo y con odio, pues el mecanismo de la muerte cruzada solo beneficia a aquel que odian y temen. “¿Pacto o estupidez, señor presidente?”.
