Dos conserjes, un padre y varios profesores también resultaron afectados. Un suceso parecido sucedió en Irán hace dos meses, en un momento en el que la educación secundaria y universitaria es vetada para las mujeres en Afganistán.
Según explicó el portavoz de la policía de la región afgana, el pasado fin de semana casi cien personas fueron envenenadas en Afganistán, entre ellas 82 niñas. El sábado 3 de junio 56 alumnas resultaron afectadas y el domingo, se produjo un segundo envenenamiento de 26 niñas y 4 profesoras que terminaron perjudicadas. “Algunas personas desconocidas entraron a la escuela femenina de Sare-Pul, en el distrito de Sancharak, y rociaron veneno en las clases” explicó la agencia de noticias Reuters.
El director de información provincial, Mufti Ameer, declaró que las niñas manifestaron nauseas y problemas respiratorios entre los síntomas. Todas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica, afortunadamente, las menores de edad se encuentran en buenas condiciones mientras que las autoridades abrieron una investigación para dar con los responsables de este hecho.
Hace dos meses atrás un hecho parecido tuvo lugar en Irán, donde cientos de niñas fueron envenenadas mientras estaban en la escuela. Las estudiantes afirmaron que percibieron un olor a fruta podrida, otras lo asocian con olor a productos de limpieza con cloro. Debido a esta sustancia, que se desconoce qué es, padecieron síntomas como irritación de ojos, mareos y nauseas. Además, medio centenar de escuelas educativas de niñas, ubicadas en varias ciudades del país, resultaron afectadas por un supuesto gas, se calcula que al menos 13 mil alumnas han sufrido síntomas de envenenamiento desde el pasado noviembre.
Esta agresión coincide después de que los talibanes sumaran a sus listas de prohibiciones el acceso a la educación secundaria y universitaria a las mujeres de la región. Es decir, las mujeres tienen permitido recibir educación hasta los 12 años, cuando finaliza la educación primaria. La ONG Human Rights Watch denunció la existencia de políticas que “niegan a las mujeres y a las niñas sus derechos básicos y aplastan la disidencia pacífica” y la persecución que sufren tanto mujeres como periodistas desde ese entonces.
Varias asociaciones de derechos humanos calificaron el envenenamiento como “deliberado“, mientras que el Gobierno iraní asoció estos acontecimientos a un “ataque de ansiedad” de las menores.
