domingo, mayo 26, 2024
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Yasunidos obtiene luz verde para consulta sobre explotación de Yasuní

Tras 10 años de lucha por la protección de los territorios del Yasuní-ITT, los ecuatorianos volverán a las urnas para la consulta sobre la explotación del Yasuní. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre la solicitud de consulta popular. Este hecho fue calificado como un logro histórico.

Después de superar casi una década de trabas e irregularidades, que han demorado la aprobación de la consulta popular, el día martes 9 de mayo Yasunidos informó que la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la propuesta de consulta popular planteada por este colectivo sobre qué hacer con el petróleo de Yasuní, también conocido como Bloque 43. “Se verificó que los integrantes del colectivo Yasunidos, que estaban legitimados para solicitar la consulta popular, cuentan con legitimidad democrática y que los considerandos y la pregunta de la solicitud cumplen con los requisitos establecidos en la ley”, cita el dictamen.

El 15 de agosto del 2013, ante una multitud auto convocada a las afueras del palacio de Carondelet, el presidente Rafael Correa anunció el fin de la iniciativa “Yasuní-ITT”. Sus razones fueron 3:

  • La necesidad de la extracción del petróleo como factor indispensable para el desarrollo del país.
  • Un reconocimiento de culpa por la falta de viabilidad de la propuesta afirmando que el mundo “ha fallado” al no contribuir con el proyecto que pretendía proteger un sector de la selva amazónica y dejar bajo tierra un importante yacimiento petrolífero a cambio de una compensación económica
  • La afirmación de que el territorio afectado sería de menos del 1%. “La iniciativa se adelantó a los tiempos, y no pudo o no quiso ser comprendida por la comunidad internacional”, declaró el mandatario ante una cadena de radio y TV.


A pesar de que la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho de los territorios de los pueblos aislados y prohíbe cualquier actividad de extracción en esas tierras, estos pueblos han sido permanentemente amenazados por la extracción petrolera y la falta de control de la tala de arboles en la zona. Esto a afectado directamente a los pueblos Tambococha-Tiputini, que dependen totalmente de la selva para vivir.


“Yasunidos por la vida” nació el 18 de agosto del 2013 como una respuesta desesperada al anuncio del presidente Correa. El grupo surgió por unión de diversas organizaciones de ambientalistas, artistas, ciclistas urbanos y jóvenes que desde lo individual se han ido sumando. Este grupo buscó hacer una consulta popular para detener el extractivismo en el Yasuní y salvar a los pueblos en aislamiento voluntario, para lo que fue necesario iniciar un proceso de recolección de firmas para la aprobación de la consulta.


Este proceso democrático fue vilipendiado en repetidas ocasiones por el gobierno sufriendo, desde su creación, varios ataques por parte del gobierno. En las jornadas de julio y agosto del 2013, las manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la policía, grupos como “Colectivo 30 s” y “Amazonia Vive” se dedicaron a hostigar a los grupos de Yasunidos en los plantones, obstruyendo la recolección de firmas e incluso usurpando la identidad del colectivo.


Otro conjunto de agresiones se gestó por parte de la policía antimotines, la guardia presidencial, la policía metropolitana y el ejército. Este hostigamiento incluyó desde la represión física, ataques mediáticos en propaganda por radio y televisión y amenazas de funcionarios públicos incluyendo el Ministerio de Educación que anunció con sancionar a los estudiantes que participen en las protestas. De igual forma, hubo sanciones y despido de funcionarios públicos que a su vez participaban en las actividades del grupo. Y finalmente, se encuentran una serie de agresiones selectivas a miembros del grupo, como persecuciones, hostigamiento en casa y llamadas amenazantes. A pesar de todos estos factores, el colectivo Yasunidos presentó 756.291 firmas para pedir una convocatoria a consulta popular sobre la extracción de crudo en los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

El 6 de mayo del 2014, CNE hizo una rueda de prensa en la que anuncia que de los 599.103 registros que pasaron a la fase de verificación de firmas, 230 mil fueron rechazados.


El 7 de diciembre del 2016 inició la extracción petrolera en el Tiputini. El plan de Petroamazonas en el ITT contempló la perforación de 600 pozos a través de 25 plataformas, hasta el 2025. Yasunidos publicó Yasunileaks, un estudio que revela el impacto y prospecciones en el parque nacional el 21 de marzo del 2017 donde se expuso las consecuencias de las gestiones para la extracción del petróleo


El 5 de octubre de 2020, la comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe donde se declaró que existe una asimetría respecto a la protección de la propiedad ancestral de los pueblos aislados para fines económicos a través de la extracción de sus recursos por lo que el Ecuador sería responsable por la violación a los derechos a la vida, la integridad, las garantías judiciales, la propiedad colectiva, la circulación, los derechos de la niñez y los derechos sociales de los pueblos en aislamiento.

Alicia Cahuiya, representante del colectivo, afirmó en la rueda de prensa ofrecida este 10 de mayo de 2023, que las comunidades del Yasuní han sido violentadas a lo largo de estos 10 años. “Nosotros somos dueños de casa Yasuní, hasta ahora hemos vivido más destrucción provocadas por por petroleras y carreteras. El gobierno nos ha violado, nos han matado, a cambio de nuestro hogar hogar Yasuní, que es un pulmón del mundo”

El colectivo busca que se prohíba la explotación petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía de Ecuador.

Antonella Calle, vocera de Yasunidos, afirmó que se abre una nueva etapa de procesos de defensa para Yasuní. Dijo que se desarrollará una asamblea nacional por la defensa de Yasuní, que se realizará el 3 de junio de este año en Quito e invitó a los ecuatorianos a la campaña que emprenderán.

Si se consigue el “Sí” tras la consulta, se realizará un retiro progresivo de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en no más de un año y el Estado no podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43.  Si gana el “No”, se seguirían vulnerando esos derechos, pero el colectivo tiene otras acciones iniciadas, una de ellas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

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