Por Nycolle Proaño
Hace 54 años, la policía de Nueva York asistió a Stonewall Inn, un bar clandestino de la ciudad donde varios gais, lesbianas y travestis se reunían con regularidad. Como todas las madrugadas, la policía pretendía obligar a todo el colectivo a identificarse, a inspeccionar a transexuales y trasvestidos, y llevárselos a la comisaría si descubrían que era un hombre vestido de mujer.
Sin embargo, esa noche del 28 de junio de 1969 fue distinta. Cansados del acoso policial y de ser tratados como delincuentes, los clientes del bar se negaron a seguir órdenes y la policía perdió el control.
Mientras los agentes estaban en el interior del bar, alrededor de 150 personas se concentraron en las puertas. Al ver que uno de los policías agredía a una chica lesbiana que habían esposado, los manifestantes se rebelaron. Llenaron el silencio de la noche con gritos y cantos, volcaron coches policiales y rompieron ventanas. Esta rebelión cerró la noche con 13 detenidos y varias personas heridas, y durante los días siguientes, más manifestaciones y protestas se hicieron notar en las calles de Nueva York.
Esto marcó el inicio oficial de la lucha de la comunidad LGTBI por sus derechos.
Actualmente, 64 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. En Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen esto se castiga con la pena de muerte.
En Latinoamérica, los países que alaban el matrimonio igualitario son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. En cambio, en países como Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Perú, no constan con una figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo y la discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ+ se siente con fuerza en pleno siglo XXI.
En la marcha por el orgullo gay del 2023, mientras caminaba entre gente vestida con banderas de arco iris, diosas egipcias y ángeles con tacones de 10 centímetros de altura que coreaban las canciones de Gloria Trevi, alcanzo a ver el cartel de José Azuares, un comerciante venezolano.
¿Cuál es tu lucha? Le pregunto:
Juan Ramírez, director de Somos (un movimiento activista, independiente que lucha por los derechos civiles de la comunidad LGBTI y que actualmente es el más grande de Venezuela) declaró que en ese país se vive sin el reconocimiento de ningún derecho debido a la negación sistemática por parte del estado, lo que vuelve a esta comunidad vulnerable.
“Son muchas las causas por las que en Venezuela aún no es aceptada y no hay avances en cuanto a la comunidad LGBTI. Son causas políticas, económicas, religiosas, pseudocientíficas, que hacen de la sociedad venezolana un caldo de cultivo que se refleja en una homofobia y una transfobia que siniestra los pilares de nuestra sociedad. Todos los poderes del Estado han decidido no reconocer por acción y por omisión los derechos de la comunidad LGBTI”, declara.
Y es así. La lucha resiliente por la igualdad genera cambios. A inicios de marzo de 2023, una persona que formaba parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela podía ser condenado, entre uno a tres años de prisión, por “actos sexuales contra natura”, según el Código Orgánico de Justicia Militar.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado una sentencia en la que ha declarado inconstitucional el artículo que penalizaba la homosexualidad. En febrero de 2023, activistas protestaron en la sede del Supremo en Caracas para exigir la nulidad de esta forma, legislar en temas de matrimonio igualitario (ignorado desde el 2015), la donación de sangre que es impedida por la gente homosexual y el reconocimiento de personas trans que continúan varadas en el Poder Legislativo y en tribunales desde hace más de ocho años.
Caminando entre tambores, carteles y música se escucha de repente un grito de guerra que contagia:
– ¡Atención comunidad! ¡Por los gais!
– ¡Nadie se cansa!
– ¡Por las lesbianas!
– ¡Nadie se cansa!
– ¡Por los bisexuales!
– ¡Nadie se cansa!
– ¡Por los trans!
– ¡Nadie se cansa!
“Te juro que me parece algo utópico porque llegué acá y me dijeron: tienes derechos, puedes casarte”, me dice Félix con la emoción hirviéndole en la piel. Llegó de Perú hace aproximadamente una semana, y le sorprende la apertura que existe en Ecuador hacia su comunidad.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Perú, La comunidad LGBTIQ+ es uno de los grupos que más sufre por discriminación (71%). Sin embargo, en abril de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Perú por violar el derecho a la igualdad de Crissthian Olivera Fuentes, un hombre homosexual.
En agosto del 2004, Olivera y su pareja se mostraron afecto en un supermercado en Lima. Un cliente manifestó su molestia y alegó que esa escena afectaba a los niños presentes y el personal del supermercado les pidió a ambos que abandonaran el lugar. Olivera presentó una denuncia dentro del sistema judicial peruano pero las autoridades descartaron su caso indicando que no había pruebas suficientes de discriminación. El caso se apeló a la Corte Suprema, que en el 2010 reafirmó la decisión del tribunal inferior e invocó la “presunción de inocencia” del supermercado.
Después de que la Corte Interamericana resolviera que existió una negación a su derecho al acceso a la justicia, publicó una sentencia emblemática en el que responsabilizó a Perú por violar el derecho a la igualdad ante la ley y a la protección judicial de Crissthian Olivera. La Corte ordenó a Perú a preparar una guía integral sobre los derechos de las personas LGBT en la provisión de servicios e incorporarla en los procesos de formación para las autoridades administrativas y judiciales. También se les ordenó implementar una política pública para monitorear el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación por parte de las empresas.
“La inclusión y la diversidad son valores fundamentales de nuestra sociedad” afirmó Pabel Muñóz, alcalde de Quito.
En Ecuador la homosexualidad fue despenalizada en 1997. La Fundación de Acción y Ayuda para Prevención del Sida (FEDAEPS) y la asociación de Mujeres Trans Coccinelle recogieron las firmas necesarias para aboler el articulo 516 del Código Penal que establecía la pena de reclusión de ocho a doce años como sanción por relaciones entre personas del mismo sexo.
Desde ese entonces, Ecuador ha avanzado enormemente en cuanto a derechos para la población LGBTIQ+. Eso no significa que la lucha ha terminado. Casos como el de Javier Viteri, el joven de 22 años que fue apuñalado 89 veces por un conscripto después de tener relaciones sexuales entre sí, o el de Karla Valentina Espinosa, la mujer trans que fue hallada muerta en su domicilio en Guayaquil con 5 puñaladas en el pecho y cuello, mantienen a la comunidad LGBTIQ+ con la guardia en alto. La lucha de la gente LGBTIQ+ continua con la misma fortaleza y coraje que los ha caracterizado a lo largo de la historia.
