La asambleísta, Mireya Pazmiño, una de las militantes a favor del juicio político al Presidente, Guillermo Lasso, pasó de ser acusadora a acusada por un informe suscrito en las comparecencias del pasado viernes 21 de abril, donde se ve el apoyo de la misma hacia la continuación de los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker.
Pazmiño fue interrogada por el abogado del presidente, Édgar Neira. El informe suscrito a sesión fue presentado por la Comisión de Régimen Económico, comisión que Pazmiño preside.
Fernando Villavicencio dice que este hecho podría tener consecuencias. Asegura que podrían estar incurriendo en delitos por el fondo y forma del tema, por haber hecho conclusiones y recomendaciones que van más allá de los alcances de una comisión y porque el informe no fue hecho por funcionarios de la Asamblea.
A su vez, Ana Belén Cordero, asambleísta por el Movimiento CREO, señaló que los asambleístas de esta comisión habrían violado la Constitución. Esto puede caer en consecuencias políticas, más no penales.
