El lunes 22 de enero el presidente de la república, Daniel Noboa, propuso aplazar de uno a dos años el desmantelamiento del bloque 43-ITT para continuar con la explotación de petróleo de la zona.
Esto debido al conflicto interno armado que requiere desesperadamente recursos del Estado que, según el presidente, provendrán en gran medida de la explotación de esta zona. Esta medida incluso podría reemplazar el aumento del 15% del IVA, según políticos en la asamblea nacional.
Según el Gobierno Nacional, se necesitan aproximadamente 1.020 millones de dólares para enfrentar el conflicto interno armado. La explotación del Yasuní, el cuarto yacimiento más productivo del país, representa una producción de 58.016 barriles de petróleo por día, un aporte muy importante para la economía.
El año pasado, el ministro de Energía del gobierno de Guillermo Lasso, declaró que dejarlo bajo tierra sería perjudicial para el presupuesto anual del Estado, ya que el país podría dejar de percibir con 16.500 millones en los próximos 20 años. Y retirar la infraestructura costaría al país unos 600 millones de dólares, según la gerencia de la estatal petrolera.
Pero, ¿se puede ignorar la decisión del pueblo ecuatoriano? En la consulta popular de agosto de 2023, el Sí para cesar la actividad de extracción petrolera del bloque 43-ITT ganó con el 58.95% de los votos.
El grupo Yasunidos, junto con la CONAIE, se pronunció este martes 25 en una rueda de prensa respecto a la intención del presidente Noboa de seguir explotando el Yasuní, ignorando el 60% de votos que obtuvieron en la consulta popular que les llevó 10 años de lucha.
Pedro Bermeo, representante del grupo Yasunidos, declaró que el incumplimiento de un dictamen de la corte constitucional provocará la destitución del presidente.
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) también señaló que existen alrededor de 5.000 millones de dólares anuales en evasión fiscal en Ecuador.
Bermeo también señaló que existen 3 elementos que se deben cumplir para el desmantelamiento de la zona: no pueden generarse nuevos contratos para continuar con la explotación, remediación ambiental y el retiro progresivo y ordenado del desmonte, que ya debería estar pasando porque el termino es a mediados de agosto.
A pesar de que abogados constitucionalistas indican que el único camino para la continuación de la extradición de crudo en la zona es mediante una consulta popular, Pedro Bermeo enfatizó en que el pueblo ecuatoriano ya tomó una decisión y debe respetarse.
